Ha bastado medio año y ya estamos en la primera estación de regreso, digo regreso porque retrocesos patentes no han faltado. Por si no la veíamos bien, ahora está más clara la dirección en que nos movemos. Volvemos a la familia, pero no como unidad sacramental y vivero de buenas costumbres, que también, sino como unidad económica básica. Vamos a tener que acordarnos de cuando la emancipación política del ciudadano consagró a éste a efectos económicos como primer ente jurídico, como la persona física tributaria y receptora. Ahora, por la nueva vía decretada, la familia pasa a ser la nueva célula económica escogida a efectos de beneficios y cargas. La discordancia entre los alardes constitucionales y la mentalidad castiza que nos gobierna es tan evidente que el reconocimiento ecónomico de la familia sólo puede ser considerado en severo detrimento del que le corresponde al ciudadano. El movimiento ya se había apuntado en algunas sentencias y reglamentos en los que se extendían subsidiriamente a la unidad familiar las cargas económicas derivadas de sanciones inejecutables por insolvencia. En algunas mentes calenturientas se conjeturó incluso con la posibilidad de llegar a la responsabilidad penal familiar haciendo a los padres culpables directos de aquellas actitudes filiales que cuestionen la autoridad del Estado. Ahora, en este nuevo episodio, el perceptor de ayudas administrativas ya no es propiamente el ciudadano en virtud de sus derechos sino la familia en función de sus necesidades. Pasamos del criterio de solidaridad ciudadana al de asistencia familiar con ribetes morales de pública beneficencia. La modernidad igualitaria parece abrumar tanto a sus gestores que han decidido que escapemos a toda máquina de ella. Un ámbito carente de reglamentación como es el de la conviviencia parental, donde los acuerdos se toman de forma extraña al poder del Estado, se ve de este modo asaltado y obligado a responder de sus intercambios privados. Es como si en ese asalto el Estado hubiera decidido destripar el colchón de la abuela, el «colchón familiar», llevado de su obsesión por ver si guarda secretos ahorros o por si genera ruinosa pereza. Todo parece indicar que se intenta confundir, con aviesa intención, nuestro régimen de convivencia, más o menos familiar y canónico, con una unidad de producción, lo que viene a arrastrar a terrenos de mercado nuestro modo privado y espontáneo de asistir a quienes nos rodean. Debemos entender, pues, que a nuestra nueva aristocracia no le ha quedado del todo claro lo que queda para el ámbito doméstico y lo que es actividad económica, y tiende a confundir ambos planos a mayor beneficio de las instituciones financieras de las que el Estado pasaría a ser su mero brazo ejecutor. Si el Estado ha dejado de ser un instrumento de solidaridad para convertirse en la oficina delegada de las instituciones de crédito, que se diga, para que actuemos en consecuencia. De nada nos sirve proclamarlo como Estado social y de derecho si hemos de ir viendo cómo se vacía de derechos sociales. Lo más preocupante llega al intentar imaginar cuál será la próxima estación de camino a esa ecuación que busca un ciudadano transparente frente a un Estado cada vez más opaco y exigente. Paradójicamente, a partir de ahora, las únicas familias en las que no se recauda son las depositarias de derechos y legitimidades sucesorias o las constituidas al modo de empresas. Estas últimas suelen ser también beneficiarias de incentivos productivos que se hacen derivar del común, sin demasiado cuento, para financiar un círculo privado, libre de necesidades y alérgico a cualquier obligación social. Realmente, no nos deberían sorprender demasiado este tipo de maniobras con las que las familias pudientes evolucionan hacia el interés financiero, con parecidas o peores mañas que las corporaciones. Lo que duele es ver cómo el ensañamiento impositivo y reglamentario, alentado en su beneficio, se ceba en quienes administran sus penurias sin poder hacer reclamaciones. Es verdad que nada de esto es nuevo, ya lo dijo Engels.
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